TRIBU-CR y el indulto de último minuto
En muchas películas de Hollywood hay una escena que se repite: el reloj avanza mientras un condenado a muerte es escoltado por un pasillo silencioso. Todo está dispuesto: la sala de ejecución espera, los testigos observan desde un cristal, el verdugo aguarda.
Y justo cuando parece inevitable, entra un oficial con una carta en la mano:
“¡Llegó una orden del gobernador! ¡Detengan la ejecución!”
La noche del viernes 18 de julio de 2025, algo similar ocurrió en Costa Rica. El Ministerio de Hacienda tenía programado desactivar el sistema de consulta tributaria tradicional a las 23:45 para dar paso al nuevo sistema TRIBU-CR. Todo estaba listo.
Pero, al cierre de la jornada, llegó la notificación de una medida cautelar provisionalísima dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Se ordenó suspender el apagón.
Lo que se advirtió… y no se atendió
Esta no fue una sorpresa absoluta. Desde semanas antes, la diputada independiente Johanna Obando había advertido en un espacio de control político en el Plenario que la eliminación abrupta del sistema tradicional afectaría a sectores que requieren consulta tributaria permanente, especialmente en negocios con el Estado.
En paralelo, en un foro organizado por La Nación, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPA) reiteró el tema ante autoridades de la DGT.
No eran advertencias vinculantes, pero sí representaban alertas tempranas que debieron haber activado una respuesta preventiva.
El problema no es solo técnico; es institucional y operativo.
No todos los contribuyentes son iguales
Aunque la mayoría de contribuyentes no consultan su estado fiscal todos los días, existe un segmento clave de profesionales, personas físicas y jurídicas que dependen del acceso constante a su situación tributaria:
- Proveedores del Estado (SICOP)
- Notarios, contadores, auditores
- Financieras y entidades que exigen constancias actualizadas
- Ciudadanos en procesos legales o administrativos
Eliminar el acceso sin ofrecer una alternativa inmediata no es solo un cambio tecnológico, sino una interrupción de derechos operativos básicos para estos actores.
Una transformación digital… que aún camina lento
Paradójicamente, la medida cautelar fue emitida a mitad de semana, pero la notificación oficial al Ministerio de Hacienda llegó hasta el viernes en la tarde, pocas horas antes del apagón previsto.
Este hecho revela una falla estructural en la digitalización del Estado:
¿por qué una notificación tan crítica no pudo hacerse de forma automática y segura en tiempo real?
La respuesta es simple: nuestra transformación digital aún no es transversal ni interoperable.
Y este caso debería marcar un punto de inflexión: no podemos construir un sistema fiscal 100 % digital con instituciones que todavía se comunican en papel.
Flashback nacional: el hackeo de Hacienda (2022)
No es la primera vez que Costa Rica enfrenta la parálisis de su sistema tributario.
En abril de 2022, el grupo Conti ejecutó un ciberataque al Ministerio de Hacienda que:
- Inhabilitó el sistema ATV (Administración Tributaria Virtual)
- Afectó la plataforma aduanera TICA
- Bloqueó sistemas de consulta y validación de cumplimiento fiscal
- Puso en jaque la recaudación y operación del Estado durante semanas
En ese momento, no existían mecanismos alternativos robustos, lo que impidió que miles de contribuyentes pudieran demostrar su situación tributaria.
Los efectos fueron reales: se paralizaron contrataciones públicas, trámites notariales y operaciones comerciales.
Esta experiencia dejó una lección clara:
los servicios fiscales esenciales deben garantizar continuidad, incluso en crisis.
Por eso, suspender de forma abrupta una plataforma de consulta sin dejar una alternativa en línea contradice esa experiencia nacional reciente.
Lecciones internacionales
Desde AD&A, con apoyo de inteligencia artificial, analizamos casos similares en otros países:
- Chile – Boleta electrónica (2020)
- Ante reclamos del comercio pequeño, el Servicio de Impuestos Internos no suspendió el sistema, pero amplió plazos de implementación y mantuvo servicios mínimos de consulta activa.
- México – RFC y CFDI 4.0 (2022)
- El nuevo sistema de facturación electrónica generó caos. El SAT optó por una convivencia temporal entre el sistema antiguo y el nuevo, mientras se ajustaban los procesos. Los amparos judiciales no lograron suspender el sistema.
- Colombia – Consulta del RUT (2019)
- Una falla en la actualización del RUT dejó fuera de servicio el portal. Ante la presión, la DIAN habilitó una versión reducida de consulta mientras se restauraban los servicios principales.
¿Qué puede hacer Costa Rica?
A partir de esos antecedentes, se abren al menos dos rutas realistas y compatibles con el contexto actual:
- Implementación incremental: desplegar TRIBU-CR por módulos o grupos de usuarios, priorizando aquellos que no dependen de consulta continua.
- Implementación en paralelo: mantener operativa la consulta tradicional únicamente para validación fiscal, mientras TRIBU-CR se adapta gradualmente.
Cualquiera de estas opciones permitiría proteger derechos operativos, mitigar riesgos reputacionales y sostener la legitimidad de una reforma necesaria.
Y ahora, ¿qué esperamos?
A hoy, 23 de julio de 2025, estamos a la espera de la respuesta formal del Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Ese pronunciamiento definirá si se opta por una defensa jurídica del proyecto, una estrategia técnica adaptativa o una combinación de ambas.
Lo cierto es que, más allá del fondo legal, esta experiencia nos recuerda que el éxito de una transformación digital no se mide solo en código ni en cronogramas.
Se mide en la capacidad institucional para anticipar impactos, proteger derechos y garantizar continuidad mínima de los servicios esenciales.
El reloj volvió a correr. Esta vez, no hacia una ejecución inminente, sino hacia una decisión de Estado que deberá reconciliar tecnología, legitimidad y realidad operativa.
