En este 2026, Costa Rica enfrentará una nueva evaluación internacional sobre la efectividad de su sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas evaluaciones forman parte del sistema global impulsado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos estándares se aplican en América Latina a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El proceso ya ha comenzado. El 4 de marzo de 2026, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica informó su participación en una actividad organizada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre el inicio del proceso de evaluación país por parte del GAFILAT. Según indicó el propio Colegio, su presidente, su director ejecutivo y su jefe de fiscalía participaron en la actividad, y la institución manifestó su disposición de colaborar con el proceso de los evaluadores internacionales y apoyar las iniciativas del ICD.
Este tipo de actividades no son meramente protocolares. Reflejan que la evaluación internacional ya empezó a tomar forma en el plano institucional y profesional, y que el país entra en una etapa en la que no bastará con mostrar normas: habrá que demostrar resultados.
Y Costa Rica ya sabe lo que eso significa. Porque esta no es la primera vez.
2015: Evitar caer en una lista gris
Una evaluación anterior del sistema antilavado costarricense se realizó en 2015 y dejó una lección que muchos prefirieron olvidar demasiado rápido. Los resultados expusieron debilidades estructurales importantes, y el país se vio obligado a actuar con urgencia: reformas legislativas aceleradas, presión sobre la Asamblea Legislativa y ajustes normativos que en condiciones normales habrían tardado años en aprobarse.
De aquel proceso surgieron reformas importantes que transformaron el marco institucional del país. Entre ellas destaca la Ley N.º 9416, conocida como Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que creó el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, obligando a los diferentes vehículos jurídicos (sociedades mercantiles, fidecomisos, fundaciones, asociaciones, asociaciones solidaristas, etc.) a identificar a las personas físicas que ejercen control efectivo sobre ellas.
La Ley N.º 9449 incorporó a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) al sistema de prevención mediante la introducción del artículo articulo15 bis a Ley N.º 7786, ,ampliando el alcance del régimen antilavado a sectores como abogados, contadores, notarios, inmobiliarias y organizaciones sin fines de lucro en determinados supuestos.
En el ámbito regulatorio, el país adoptó instrumentos clave emitidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para las APNFD. Entre ellos destacan el Acuerdo SUGEF 11-18, que regula el proceso de inscripción y desinscripción, y el Acuerdo SUGEF 13-19, que establece el sistema de gestión de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un enfoque de supervisión por riesgo.
Posteriormente el país adoptó otras reformas orientadas a fortalecer la transparencia corporativa y la integridad del sistema económico. Entre ellas destaca la Ley N.º 9699, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como cohecho doméstico y soborno transnacional, alineando el marco legal costarricense con estándares internacionales de integridad corporativa.
En el ámbito tributario también se implementó la declaración informativa de personas jurídicas inactivas, diseñada para identificar incrementos patrimoniales no justificados en sociedades que no desarrollan actividad económica real.
El marco legal quedó construido. La pregunta que debemos hacernos hoy, once años después, es si quedó algo más que eso.
El origen de la debida diligencia
El concepto de debida diligencia no nació originalmente en el sistema antilavado. Su origen se encuentra en la práctica jurídica y contable de las transacciones corporativas, especialmente en procesos como fusiones, adquisiciones de empresas, inversiones y reorganizaciones societarias.
En este tipo de operaciones existe una asimetría natural de información entre las partes: quien vende una empresa conoce mucho mejor su situación financiera, legal y operativa que quien pretende adquirirla. Para reducir ese riesgo, se desarrolló la práctica de realizar una revisión independiente y sistemática de la información relevante del negocio, tarea tradicionalmente realizada por abogados, contadores, auditores y consultores especializados.
Este proceso de revisión —conocido como due diligence— busca verificar información financiera, contingencias legales, contratos, estructuras societarias y riesgos relevantes antes de concretar una transacción.
Con el desarrollo de los estándares internacionales del GAFI, este concepto fue adoptado por el sistema de prevención del lavado de activos. Así surgió la debida diligencia del cliente y posteriormente la debida diligencia continuada, que exige no solo identificar al cliente al inicio de la relación comercial, sino comprender su actividad económica, monitorear sus transacciones y actualizar periódicamente su perfil de riesgo.
Comprender los riesgos: la Evaluación Nacional de Riesgos 2026
El jueves 5 de febrero de 2026, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó la tercera versión de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de legitimación de capitales.
Este ejercicio, desarrollado con la participación de más de 600 operadores del sector público y privado, permite identificar las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país en materia de lavado de activos.
Entre los principales riesgos identificados destacan:
- el narcotráfico, dada la posición de Costa Rica como país de tránsito
- la actuación de grupos de delincuencia organizada que combinan diversas actividades ilícitas
- el uso indebido de activos virtuales, identificado como uno de los desafíos emergentes
El estudio también identifica otros riesgos relevantes, como el transporte ilícito de dinero en efectivo a través de fronteras, la corrupción en el sector público, la evasión y elusión fiscal y los delitos ambientales.
La elaboración de esta evaluación responde a uno de los principios fundamentales de los estándares del GAFI: que los países comprendan sus riesgos y diseñen sus sistemas de prevención sobre la base de ese análisis.
Tres señales que no podemos ignorar
1. Bajo volumen de reportes de operaciones sospechosas
Autoridades regulatorias han señalado en distintos espacios que el volumen de reportes de operaciones sospechosas (ROS) provenientes de las APNFD obligadas es bajo en relación con el tamaño del sistema económico.
Una señal particularmente relevante se dio el 17 de febrero de 2026, durante la charla “El rol del contador como APNFD: concientización, cumplimiento y responsabilidad profesional”, realizada en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica con participación de funcionarios de la SUGEF.
En esa actividad, Rafael Coto Alfaro, director del área de supervisión de riesgos LC/FT/PADM de la SUGEF, señaló que las APNFD —entre ellas contadores, abogados y otros profesionales— no están generando reportes de transacciones sospechosas.
Según advirtió, esta situación podría convertirse en un punto débil del sistema costarricense durante la evaluación internacional que realizará el GAFILAT.
Esto no significa necesariamente que no existan operaciones sospechosas. Significa que no se están detectando o, detectándose, no se están reportando.
Para los evaluadores internacionales, esta brecha entre la norma y la práctica es precisamente lo que diferencia a un sistema funcional de uno meramente formal.
2. Crecimiento del crimen organizado
Costa Rica ha experimentado en los últimos años un aumento significativo en homicidios vinculados a disputas entre organizaciones criminales.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país registró 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta en su historia, con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con las autoridades, alrededor del 69 % de estos homicidios están asociados a ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.
Desde la perspectiva del sistema antilavado, este fenómeno no es únicamente un problema de seguridad pública. También refleja la existencia de flujos financieros derivados de actividades ilícitas que buscan integrarse en la economía formal.
Cuando actividades criminales generan recursos significativos, la pregunta central para los evaluadores internacionales es si el sistema institucional tiene la capacidad de detectar, interrumpir y decomisar esos recursos antes de que se integren plenamente al sistema económico.
3. Señales macroeconómicas que generan debate
En los últimos años también se ha observado una abundancia significativa de dólares en la economía costarricense, reflejada en una apreciación sostenida del colón y una elevada disponibilidad de divisas en el sistema financiero.
Algunos sectores de la sociedad costarricense han planteado la hipótesis de que parte de estos flujos podría estar asociada a recursos provenientes de actividades ilícitas que buscan integrarse al sistema económico. Este planteamiento ha aparecido en distintos espacios del debate público.
Sin embargo, esta es una discusión abierta en el ámbito económico y no constituye evidencia directa de lavado de activos, ya que las evaluaciones internacionales del GAFI se concentran principalmente en la efectividad institucional del sistema de prevención.
No obstante, también es razonable reconocer que, en cualquier economía, una fracción de flujos ilícitos puede lograr introducirse en el sistema financiero sin ser detectada.
En esa línea, el economista internacional Augusto de la Torre, ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial y profesor de la Universidad de Columbia, señaló durante una visita a Costa Rica en febrero de 2024, en el marco del Congreso Nacional del Día de la Empresa Privada organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que es posible que parte de los flujos que ingresan al mercado cambiario incluya recursos de origen ilícito.
“Estoy seguro de que eso es parte de la historia. Lo que está ocurriendo con estos flujos de capital de corto plazo debe ser una mezcla de especulación por los retornos atractivos en colones y esa brecha que hace atractivo endeudarse en dólares e invertir en colones. Esa brecha incluso puede hacer más interesante lavar dinero del narcotráfico. No sé qué tanto sea; no es fácil determinarlo, pero debe ser parte de la historia”.
Lo que el GAFI realmente evalúa
Aquí está el punto que muchos profesionales y empresarios aún no han internalizado: el GAFI ya no evalúa si un país tiene leyes. Evalúa si esas leyes funcionan.
En las evaluaciones mutuas del sistema antilavado, los países son analizados no solo por la calidad de su legislación, sino por los resultados concretos que produce su sistema de prevención.
Esto incluye indicadores como:
- investigaciones financieras
- condenas por lavado de activos
- decomisos de bienes ilícitos
- calidad de los reportes de operaciones sospechosas
En otras palabras, la pregunta central ya no es si el sistema existe, sino si genera resultados medibles en la lucha contra las finanzas del crimen.
Las posibles consecuencias de una mala evaluación
Las evaluaciones internacionales tienen implicaciones que van mucho más allá de lo regulatorio.
Un resultado negativo puede traducirse en:
- mayor debida diligencia por parte de bancos y entidades financieras internacionales
- mayores exigencias para mantener corresponsalías bancarias
- incremento en los costos de transacciones financieras internacionales
- deterioro reputacional del país en materia de integridad financiera
- mayor cautela de inversionistas y contrapartes internacionales
En escenarios más severos, una evaluación desfavorable puede incluso llevar al país a procesos de seguimiento intensificado o a una mayor presión internacional para corregir debilidades estructurales del sistema.
Por eso, la efectividad del sistema antilavado no es solo un tema regulatorio. Es también un tema de credibilidad económica internacional.
El cumplimiento no es un trámite
Costa Rica tiene la oportunidad de demostrar en esta evaluación que lo que se construyó después de las reformas desarrolladas antes de la pandemia es un sistema real y no un conjunto de normas que duermen en un cajón.
Pero eso no depende únicamente del Estado ni de los reguladores. Depende también de cada profesional, cada empresa y cada sujeto obligado que decide tomarse en serio su rol dentro del sistema.
La debida diligencia continuada —ese monitoreo permanente de clientes, transacciones y perfiles de riesgo— no es burocracia. Es la herramienta con la que el sector privado contribuye a que los recursos que circulan en la economía sean legítimos.
Porque cuando los evaluadores internacionales nos visiten, no van a evaluar las intenciones. Van a revisar los números, los reportes y los expedientes.
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