La Dirección General de Tributación emitió el criterio MH-DGT-DNTI-DCN-CONS-0003-2025 mediante el cual analiza el tratamiento tributario aplicable a los pagos realizados por una universidad costarricense a docentes residentes en el extranjero que imparten clases virtuales sin ingresar físicamente a Costa Rica.
La consulta planteaba si dichos pagos debían quedar fuera del Impuesto sobre Remesas al Exterior (IRE), considerando que los docentes permanecían totalmente fuera del territorio costarricense y prestaban los servicios mediante plataformas digitales. El consultante sostenía que, bajo una interpretación estricta del principio de territorialidad contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, los servicios eran generados fuera del territorio nacional y, por ello, no constituían rentas de fuente costarricense.
No obstante, la Administración Tributaria concluyó que los pagos sí se encuentran sujetos al IRE. Para sustentar su posición, recordó que el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene reglas específicas aplicables a remesas al exterior y que el análisis de territorialidad en esta materia debe centrarse en el origen de la renta y su vinculación económica con actividades desarrolladas o utilizadas en Costa Rica.
Asimismo, la Dirección reiteró criterios administrativos previos según los cuales también pueden quedar gravados los servicios utilizados en el país, aun cuando el proveedor se encuentre en el extranjero. Bajo esa línea interpretativa, las clases virtuales impartidas a estudiantes ubicados en Costa Rica constituyen un servicio cuyo aprovechamiento ocurre en el país.
En consecuencia, Tributación concluyó que los pagos efectuados a docentes en el exterior por impartir clases virtuales sí se encuentran sujetos al Impuesto sobre Remesas al Exterior, aplicando la tarifa del 25% prevista para honorarios y servicios personales independientes.
Este criterio amplía el alcance práctico del IRE dentro de modelos de educación digital y constituye un precedente relevante para universidades, centros educativos y empresas que contraten servicios profesionales remotos desde el exterior.
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